Tras año y medio desde la
denuncia y una queja al Defensor del Pueblo por la lentitud de la Agencia de
Protección de Datos.
FACUA-Consumidores
en Acción ha logrado una multa de 40.000 euros a Movistar por tratar
ilegalmente los datos personales de un usuario al que dio de alta sin su
consentimiento mediante una contratación telefónica fantasma cuya supuesta
existencia nunca acreditó.
Tras
reconocerle que se había producido un alta fraudulenta y anular las facturas,
Movistar exigió al afectado más de 200 euros por darlo de baja con el kafkiano
argumento de que el falso contrato tenía un "compromiso
de permanencia".
Al negarse
a pagar, una empresa de gestión de cobros amenazó con llevarlo a los tribunales
y causar "un grave
perjuicio para su nombre, bienes y derechos futuros".
Tras un
año y medio desde la interposición de la denuncia de FACUA y una queja ante el
Defensor del Pueblo por la lentitud de la Agencia Española de Protección de Datos
(Aepd) en dar respuesta, el organismo ha resuelto sancionar a Movistar por una
infracción grave grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Desde
marzo de 2010
En marzo
de 2010, José Antonio
M.M., de Sevilla, recibió un cargo de 6,96 euros en su cuenta
bancaria en concepto de cuota de una línea móvil de Movistar. Al llamar al
departamento de atención al cliente de la compañía, le indicaron que se trataba
de una línea que había solicitado como autónomo.
Tras
advertir a Movistar que ni era autónomo ni había solicitado el alta de ninguna
línea, el usuario recibió ese mismo día una llamada del operador en la que le
indicaron que se había producido un error y que procederían a anular el
contrato y la factura.
Pero José Antonio siguió
recibiendo cargos en su banco y cada vez que reclamaba a la compañía, le
indicaban que habían vuelto a hacerlo de forma errónea y que cancelarían el
cobro.
En junio,
Movistar emitió tres facturas rectificativas anulando cada uno de los importes
que intentó cobrar al usuario, después de asegurarle que su departamento de
fraudes había verificado definitivamente que el alta había sido irregular.
Y tras la
baja en el servicio, el colmo del absurdo. La compañía exigió a José Antonio un mes
después el pago de 208,27 euros por el "compromiso
de permanencia" que iba aparejado a la línea que nunca
solicitó.
Tras ello,
otra interminable lista de llamadas a Movistar y a la empresa de cobro de
deudas a la que ilegalmente le cedió sus datos, Medina Cuadros y Asociados.
"Un
grave perjuicio para su nombre"
Pero lejos
de atender las reclamaciones del afectado y comprobar si efectivamente se había
producido un fraude, la empresa de gestión de cobros le advirtió que estaba
investigando su patrimonio, situación laboral y cuentas corrientes, instándole
a pagar para evitar "un
grave perjuicio para su nombre, bienes y derechos futuros".
Medina
Cuadros y Asociados llegó a remitir al usuario una carta adjuntando la supuesta
primera página de la demanda que amenazaba con interponerle en los tribunales.
Ante las
amenazas, José Antonio
decidió poner el caso en manos de FACUA Sevilla. En octubre de 2010, el equipo
jurídico de la asociación se dirigió a Movistar requiriéndole que acreditase la
existencia del contrato o procediese a la anulación de la cantidad facturada y
dejase de molestar a su socio. Asimismo, exigió a la compañía que aclarase cómo
había obtenido los datos del afectado, como su DNI, domicilio y cuenta
bancaria.
Movistar
esperó hasta enero para contestar. En lugar de aportar copia supuesto contrato
o de la grabación de voz solicitando el alta, la compañía se permitió incluso
recomendar al afectado que presentase "una
denuncia ante el estamento correspondiente por usurpación de personalidad".
"No obstante, hemos
procedido a anular la factura", señalaba el operador en su
respuesta a FACUA, añadiendo que había solicitado "la exclusión de ficheros de solvencia
patrimonial".
Denuncia
ante la Aepd, que tarda año y medio en resolver
Dadas las
graves irregularidades, FACUA Sevilla procedió a remitir una denuncia contra
Movistar ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd). Un año después
y dada la falta de respuesta sobre el estado del expediente, la asociación
recurrió a presentar una queja contra la Aepd ante el Defensor del Pueblo.
Tras ella,
la Agencia notificó que había decidido iniciar un procedimiento sancionador
contra Movistar. Y cinco meses después, su resolución estima que la compañía
incurrió en una infracción grave de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por
lo que la multa con 40.001 euros.
En la
resolución, la Agencia señala que Movistar "no actuó en cumplimiento de los deberes que la
LOPD impone, por cuanto no efectuó comprobación alguna relativa a la
acreditación de la contratación por cuanto de ser así habría detectado que no
obraba en su poder grabación que pudiese acreditar la misma, y aún así dio de
alta en sus sistemas la línea denunciada y emitió cuatro facturas".
"Tampoco
cumplió",
continúa, "con los
requisitos exigidos de ratificación documental de la contratación telefónica
exigidos por la normativa, ni llevó a cabo actuación alguna en orden a
verificar la titularidad de los datos facilitados en la contratación (llamada
de bienvenida, verificación telefónica de la contratación)".
Sí, sin duda me dirás que no es fácil echarse a la
espalda los problemas, que hay veces que la vida se hace demasiado cuesta
arriba: algunas veces prácticamente en una pared vertical.
